En Buen Vecino, creemos en el fomento de una comunidad donde se respete la dignidad humana de cada persona y donde todos tengan una oportunidad equitativa de participar en la vida cívica.

​

La propuesta de Ley para Salvaguardar la Elegibilidad de los Votantes Estadounidenses (Ley SAVE / S. 3752 / H.R. 22) amenaza los valores de participación cívica e igualitarismo que constituyen los cimientos de un sistema político saludable. Al exigir pruebas documentales de ciudadanía para registrarse y votar, este proyecto de ley:

​

• intensifica un ambiente ya volátil de miedo, desconfianza y prejuicio;

• reprime aún más el legítimo poder de voto de los miembros de las comunidades negras, indígenas e inmigrantes; y

• crea obstáculos adicionales para millones de votantes elegibles, incluidos nuestros propios vecinos del sur de California y de la Costa Central.

​

De hecho, si se aprueba la Ley SAVE, el 89 por ciento de los votantes de California no habría podido registrarse para votar ni actualizar su registro utilizando el mismo método que emplearon en 2024.

​

Utilizar las acusaciones de fraude como arma para justificar la privación de los derechos civiles a votantes legalmente elegibles es inaceptable. Las pruebas de fraude deben abordarse mediante avances que mejoren la integridad del voto y no a través de la desinformación y ataques de mala fe dirigidos a perjudicar y desalentar a comunidades enteras de votantes, así como a convertir a los inmigrantes en chivos expiatorios. California ya cuenta con sólidos sistemas para erradicar el fraude electoral y proteger la integridad de nuestras elecciones. Añadir capas de asfixiante burocracia federal solo crea barreras adicionales para los votantes que ya enfrentan obstáculos. Tratar a los votantes elegibles como sospechosos los priva de los derechos civiles por los que lucharon y que tienen el derecho legal de ejercer.

​

El voto es un derecho democrático fundamental. Exigir documentos costosos y de difícil acceso –como pasaportes o certificados de nacimiento originales–perjudica de manera desproporcionada a las personas negras, indígenas y a todas las personas de color, a las familias de clase trabajadora, a las personas con discapacidad, a los veteranos, a los jóvenes, a los estadounidenses de zonas rurales, a las mujeres, a los ciudadanos de edad avanzada y a muchos otros grupos. Además, cientos de miles de miembros de las fuerzas armadas desplegados en el extranjero, junto con sus familias, quedarían excluidos de la posibilidad de votar. En resumen, la aprobación de la Ley SAVE crearía un sistema de ciudadanía escalonado, en el que ciertos ciudadanos tendrían una mayor influencia política que otros y en el que se normalizará la supresión del voto. 

​

Cuando la participación electoral no refleja la diversidad demográfica de nuestro estado y nación, se socava la integridad institucional de nuestro gobierno, dejándolo incapaz de representar auténticamente nuestras necesidades y valores colectivos. Estas son solo algunas de las razones por las que el Secretario de Estado de California expresó su preocupación respecto a la Ley SAVE en 2025, y por las que el Fiscal General de California–junto con más de otros 10 fiscales generales–escribió una carta oponiéndose a la ley SAVE el pasado mes de febrero. Los ciudadanos estadounidenses no deberían tener que enfrentar cargas financieras ni obstáculos burocráticos para tener voz en los asuntos críticos e importantes de la vida cotidiana y afectan su futuro.

​

¡Dígale al Congreso a VOTAR NO a la Ley SAVE! Este proyecto de ley no protege nuestras elecciones; por el contrario, socava la dignidad humana de los miembros de nuestra comunidad, crea barreras para el ejercicio de los derechos civiles y priva del derecho al voto a millones de electores en todo nuestro estado y nación al revertir décadas de avances.​